viernes, marzo 20Es Trend Noticias

Diez alcaldes ganan más que el gobernador de SLP aunque la ley lo prohíbe

San Luis Potosí, SLP. En un hallazgo que ha cimbrado el ámbito político local, se ha confirmado que al menos diez alcaldes del estado perciben remuneraciones superiores a la del gobernador de San Luis Potosí, algo que la legislación estatal prohíbe expresamente. El artículo publicado en El Sol de San Luis indica que estos alcaldes están violando las disposiciones legales que regulan los topes salariales para servidores públicos.

Según la ley local, ningún presidente municipal debe cobrar más que el titular del Ejecutivo estatal, pero los registros oficiales analizados muestran que las remuneraciones de estos alcaldes rebasan el salario del gobernador en diversos porcentajes, dependiendo del municipio. La discrepancia se observa tanto en la nómina directa como en prestaciones, bonos, apoyos extraoficiales o compensaciones adicionales.

El tema ha generado cuestionamientos sobre transparencia, cumplimiento de la ley y equidad en el uso de fondos públicos. En algunos municipios se argumenta que los incrementos salariales se justifican con base en mayores responsabilidades o en la aplicación de bonos de productividad, aunque dichos argumentos encuentran resistencia en sectores que exigen respeto estricto a la legalidad.

Por otro lado, expertos en administración pública señalan que este tipo de irregularidades fomenta desconfianza ciudadana, pues los electores perciben que hay privilegios para ciertos funcionarios, lo que puede deteriorar la legitimidad institucional. Además, apuntan que la fiscalización será clave: organismos como la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría estatal deberán investigar para determinar responsabilidades, si hubo pagos indebidos o incompatibles con la función pública.

El gobernador, por su parte, aún no ha emitido un pronunciamiento público que enfrente directamente esta situación ni ha ordenado ajustes salariales inmediatos. La ciudadanía potosina espera que, además del reconocimiento del problema, se tomen medidas correctivas que velen por el cumplimiento legal y el uso responsable de los recursos públicos.

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